Los ocupantes ilegales -valga la redundancia- de la autodenominada Villa Rodrigo Bueno se niegan a abandonarla, a pesar de los subsidios
ofrecidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La usurpación de
tierras fiscales no tiene castigo en la Argentina. Por el contrario, es
premiada.
De acuerdo a información publicada recientemente, el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires tiene problemas para erradicar el
asentamiento ilegal "Rodrigo Bueno", que se halla en terrenos fiscales
cercanos a la Costanera Sur.Se destaca que la mayoría de las familias que usurparon esos terrenos federales no están dispuestas a irse, y ni siquiera consideraron el otorgamiento de subsidios ni créditos del Banco Hipotecario que el Gobierno de la Ciudad está dispuesto a considerar.
De más está decir que "Rodrigo Bueno" no es el único caso emblemático que refiere al sistema de premios que rige para aquellos que usurpan terrenos del Estado o incluso privados.
La falsa solución que se ha impulsado desde los gobiernos democráticos se basa, sencillamente, en "dar dinero" a quienes llevaron adelante el delito de usurpación, a cambio de que se vayan.
Idéntica salida es la única que un particular puede considerar si tiene el infortunio de que su propiedad o terreno sean usurpados.
¿Se trata acaso de gobiernos débiles, timoratos, a quienes tiembla el pulso para aplicar la ley? ¿O simplemente hay algo más oscuro detrás y el negocio del laissez faire trae consigo unos cuantos votos que nunca vienen mal al candidato de turno?
Existe también el ejemplo de la tristemente célebre Villa 31 de Retiro, que hoy va camino de ser urbanizada, y cuya erradicación se presenta ya como imposible.
A nadie escapa que tales villas generalmente se instalan en terrenos de alto valor, o simplemente porque a quienes viven allí "les queda más cómodo", por la cercanía del asentamiento con respecto a sus trabajos.
Pero la inseguridad que deben sufrir los ciudadanos que viven en el barrio de Recoleta -originada en casi todos los casos en la Villa 31- a pocos interesa, porque "viven bien" y por la lógica que impera actualmente, tienen menos derechos que quienes usurpan terrenos fiscales.
¿Qué pueden decir acaso las familias pudientes de San Isidro, que viven permanentemente amenazados y detrás de muros custodiados, debido a la cercanía de la villa La Cava?
Pero sus reclamos tampoco importan... porque son pudientes.
Quienes han sufrido la experiencia de la usurpación conocen de memoria el macabro sistema que se esconde detrás, y cuyos principales protagonistas son jueces y abogados corruptos, intendentes y hasta policías.
En la Argentina de hoy, hemos inventado e implementado un sistema de falsa democracia que premia al usurpador, al violento y al delincuente, y dicho sea de paso, castiga al contribuyente regular, lo condena a vivir entre muros vigilados por guardias armados y encima a sufrir los ataques permanentes de los funcionarios que en cualquier democracia del planeta, trabajarían para él. Recordemos, a este respecto, los gruesos epítetos con los que el ministro Alberto Fernández se dirigiera a la señora Susana Garnil, habitante de la zona norte de Buenos Aires y cuya familia había sufrido oportunamente la modalidad delictiva del secuestro extorsivo.
La dirigencia política actual -que poco difiere de la "vieja política"- tiene absolutamente claro que el respeto a la propiedad pública y privada no tiene cabida en su agenda.
Fuente El Ojo Digital Sociedad
