Intiman nuevamente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires proveer de servicios públicos al barrio Playón de Chacarita
La titular del juzgado N°12 en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, la jueza Lidia Lago, reiteró
la intimación al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y, en particular,
al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) de cumplir con la medida
cautelar dictada en el marco de la acción de amparo colectiva presentada
por los habitantes del barrio del Playón de Chacarita, ordenando por
segunda vez al Ejecutivo porteño que normalice el tendido eléctrico en
algunas manzanas del barrio, la colocación de contenedores de basura, y
la adecuada prestación del servicio de camiones atmosféricos,
hidrocinéticos y de agua potable.
El amparo colectivo fue presentado en el año 2009 por habitantes del barrio (carátula ““MORALES CHAVEZ CARMEN LUISA Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE MEDIDA CAUTELAR” , EXPTE: EXP 33980 / 2”), con el patrocinio jurídico de Jonatan Baldiviezo, miembro del Colectivo por la Igualdad en el Partido Social de la Ciudad. La Justicia resolvió afirmativamente las medidas cautelares solicitadas. Ante la falta del cumplimiento, el Poder Judicial resolvió reiterar la orden al Gobierno de la Ciudad obligándolo a cumplir bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias de 500 pesos por cada día de retardo en cabeza del presidente del IVC, Emilio Basavilbaso.
Cabe recordar que la Legislatura de la Ciudad sancionó en diciembre del año pasado una partida presupuestaria específica para garantizar en forma adecuada la prestación de los servicios públicos en el barrio de dos millones de pesos, y que todavía no se ha ejecutado.
El dirigente del Partido Social de la Ciudad Facundo Di Filippo aseguró que “el macrismo tiene una conducta reiterada de no cumplir las órdenes de la Justicia, en particular en las villas de la ciudad. Numerosas sentencias no son acatadas como las que ordenan prestar servicios públicos en el barrio de la Carbonilla. La Secretaría de Hábitat e Inclusión Social (SECHI) anunció que los barrios de la Carbonilla, Rodrigo Bueno y el Playón de Chacarita quedan excluidos de los programas integrales de urbanización. La candidata a senadora por el Pro Gabriela Michetti, afirma que el macrismo está urbanizando las villas cuando al mismo tiempo sus funcionarios de confianza como Marina Klemensiewicz, secretaria de la SECHI, decide que en estos barrios el Ejecutivo no preste ningún tipo de servicio público y se los excluya del derecho a ser re-urbanizados”.
El amparo colectivo fue presentado en el año 2009 por habitantes del barrio (carátula ““MORALES CHAVEZ CARMEN LUISA Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE MEDIDA CAUTELAR” , EXPTE: EXP 33980 / 2”), con el patrocinio jurídico de Jonatan Baldiviezo, miembro del Colectivo por la Igualdad en el Partido Social de la Ciudad. La Justicia resolvió afirmativamente las medidas cautelares solicitadas. Ante la falta del cumplimiento, el Poder Judicial resolvió reiterar la orden al Gobierno de la Ciudad obligándolo a cumplir bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias de 500 pesos por cada día de retardo en cabeza del presidente del IVC, Emilio Basavilbaso.
Cabe recordar que la Legislatura de la Ciudad sancionó en diciembre del año pasado una partida presupuestaria específica para garantizar en forma adecuada la prestación de los servicios públicos en el barrio de dos millones de pesos, y que todavía no se ha ejecutado.
El dirigente del Partido Social de la Ciudad Facundo Di Filippo aseguró que “el macrismo tiene una conducta reiterada de no cumplir las órdenes de la Justicia, en particular en las villas de la ciudad. Numerosas sentencias no son acatadas como las que ordenan prestar servicios públicos en el barrio de la Carbonilla. La Secretaría de Hábitat e Inclusión Social (SECHI) anunció que los barrios de la Carbonilla, Rodrigo Bueno y el Playón de Chacarita quedan excluidos de los programas integrales de urbanización. La candidata a senadora por el Pro Gabriela Michetti, afirma que el macrismo está urbanizando las villas cuando al mismo tiempo sus funcionarios de confianza como Marina Klemensiewicz, secretaria de la SECHI, decide que en estos barrios el Ejecutivo no preste ningún tipo de servicio público y se los excluya del derecho a ser re-urbanizados”.
